Decreto 26/2013, de 22 de mayo, por el que se regula la creación, composición y funcionamiento del Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias. [Cód. 2013-10251]
| Sección | Disposiciones Generales |
| Rango de Ley | Decreto |
El Principado de Asturias tiene competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía de Asturias.
En ejercicio de dicha competencia, se aprobó la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, en su artículo 38 establece la posibilidad de que las Administraciones Públicas promoverán la constitución de consejos asesores y consultivos, que realizarán dichas funciones en los distintos ámbitos de actuación de los servicios sociales.
Los servicios sociales tienen como objetivo mejorar los niveles de interacción o integración social de las personas que requieren apoyos especiales por su situación de dependencia y/o de riesgo de exclusión social.
Si por algo se caracteriza el sistema de servicios sociales, es por el trato permanente y cercano con personas. Esta característica propicia la aparición, cada vez más frecuente, de conflictos éticos en las decisiones profesionales y de gestión. La dificultad de establecer, de un modo consensuado, las actuaciones requeridas para asegurar el respeto a la dignidad de todas las personas implicadas en la intervención social hace necesario desarrollar conocimientos, habilidades y recursos para la consecución de una correcta prestación de nuestros servicios, es decir, técnicamente adecuada y que además sea valorada como beneficiosa para la calidad de vida por las personas que reciben los servicios y/o sus familiares o representantes legales.
En consecuencia, la gestión de los servicios sociales ha de abordarse desde el prisma de una ética que, basada en la justicia y la equidad, reconozca, no sólo el derecho a la asistencia, sino también el de la participación de las personas usuarias con respeto a su dignidad y su capacidad de decisión. La necesaria capacitación exige extremar el respeto a las personas y sus valores, respeto que debe extenderse a las personas provenientes de otros ámbitos geográficos y portadoras de cosmovisiones y valores distintos de los vigentes. Dicho camino hacia la autonomía requiere, con frecuencia, la intervención de los servicios sociales como apoyo para superar limitaciones personales y estructurales que impiden el ejercicio de sus capacidades. Por último, y no por ello menos importante, es también obligación de los servicios sociales proteger a aquellas personas usuarias incapaces de gestionar sus derechos y vivir autónomamente.
El desarrollo de la ética en servicios sociales tiene como finalidad mejorar la calidad de la asistencia, es decir, lograr una atención correcta en sus procedimientos y programas y una justa distribución de los recursos y las prestaciones respetando la autonomía de las personas usuarias; ello supone considerar a las personas no como receptoras sino como agentes activos que participan en la gestión de los programas y/o servicios, buscando su bienestar a través de intervenciones “bien hechas”.
El Comité de Ética en intervención social se configura como un recurso que facilite la reflexión y deliberación orientando prácticas concretas que ayuden a la toma de decisiones óptimas y prudentes en aquellos casos donde convergen diversidad de perspectivas y opiniones entre los sujetos implicados (profesionales, personas usuarias, familias, entidades e instituciones, otros agentes sociales). Su papel debe de ser el de constituir un foro de deliberación, multidisciplinar e independiente, al servicio de la calidad asistencial y del bienestar de las personas usuarias de los servicios sociales, contribuyendo a la adopción de decisiones de calidad en supuestos complejos en que se presentan conflictos de diversos valores o derechos de las personas implicadas.
Vistos los informes emitidos por el Consejo Asesor de Bienestar Social, el Consejo de Mayores y el Consejo Asesor de la Discapacidad,
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda, y previo acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 22 de mayo de 2013,
DISPONGO
El presente decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico del Comité de...
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