Decreto 38/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto 84/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. [Cód. 2020-05147]

Fecha de Entrada en Vigor: 3 de Julio de 2020
Sección:I - Principado de Asturias
Rango de Ley:Decreto
 
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PREÁMBULO

El Decreto 84/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar señala en su preámbulo la necesidad de adaptar el marco normativo del sistema de servicios sociales, la necesidad de agilizar la respuesta a las necesidades de las personas y la de fortalecer el enfoque comunitario y la participación social para hacer más eficiente la atención del Sistema Público Asturiano de Servicios Sociales.

La nueva normalidad en la que nos encontramos, derivada de la crisis sanitaria motivada por la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar la estructura de la Consejería aunándose las políticas públicas de inspección y de calidad en los centros residenciales ya que su gestión ha sido clave a los efectos de una completa coordinación sociosanitaria.

En este sentido las políticas públicas de calidad de los servicios sociales recaen bajo la Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social y es por ello, que el servicio que tiene asignadas las funciones de control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos que aseguran dicha calidad ha de depender orgánicamente de esta dirección general, de tal manera que se optimicen los recursos en aras a una mejora en la gestión del Sistema Público Asturiano de Servicios Sociales.

Por otro lado, en la estructura de la Consejería, y tal y como dispone el artículo 8 del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, se ubican las políticas de vivienda con el fin de asegurar la función social de la vivienda, haciendo que esta sea asequible, accesible y sostenible. La política de vivienda debe garantizar un recurso habitacional para cada persona, acorde a sus ingresos, accesible según sus circunstancias y lugar de residencia y eficiente energéticamente. El derecho a una vivienda digna, además de un derecho fundamental se ha revelado como una autentica necesidad en el actual contexto socioeconómico y eje fundamental de inclusión y cohesión social.

La empresa SEDES, S.A., es una sociedad mercantil creada en 1947 que pertenece al sector público asturiano y que tiene como objeto social: el estudio, promoción y construcción de edificios, acogidos o no a la legislación de Viviendas de Protección...

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