Ley de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”. (Ley 4/2016, de 4 de noviembre)
| Publicado en | BOPA |
| Ámbito Territorial | Normativa de Asturias |
| Rango | Ley |
El Presidente del Principado de Asturias
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
La Constitución española establece como principios rectores de la política social y económica el que los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia.
Asimismo, y respecto de los ciudadanos durante la tercera edad, deben promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
El reconocimiento, el respeto y la protección de estos principios informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En aplicación de ese reconocimiento, respeto y protección, nace esta ley.
Entre los años 2007 y 2011, no se giraron liquidaciones a las personas usuarias de los servicios residenciales prestados por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
En diciembre de 2015, el número de expedientes abiertos por liquidaciones de deudas de derecho público no tributario correspondientes a estos servicios residenciales, reclamadas a herederos de los usuarios o herencias yacentes por fallecimiento del usuario, que se encontraban pendientes de pago asciende a 3.634 expedientes.
A estos expedientes abiertos hay que sumar 2.142 expedientes pendientes de comunicación de la liquidación definitiva de la deuda generada.
Las Administraciones Públicas deben regirse en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. La anormal y tardía tramitación de los expedientes liquidatorios de estas deudas, incumpliéndose los señalados criterios de eficiencia y servicio, ha llevado a producir tal grave situación económica en un volumen tan elevado de personas que es necesario adoptar medidas inmediatas para que se restablezca el ejercicio pleno de los derechos de los afectados y el respeto de sus intereses legítimos.
La presente ley consta de tres artículos, conteniendo igualmente una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
La Administración suspenderá, con las salvaguardas que en derecho procedan, todas las liquidaciones de las deudas que son reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, hasta que se lleve a cabo una auditoría que verifique que el cálculo de la misma se adecua al principio de aplicación del régimen más beneficioso para el usuario, así como la revisión de oficio de todos los expedientes de reclamación de deuda ya abonados para la devolución en su caso de los ingresos indebidos.
La Administración dotará al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias de los recursos materiales y humanos que hagan posible una gestión ágil y eficaz de las liquidaciones y de la información a los residentes y a sus familiares.
La Administración agilizará la incorporación al Sistema de Dependencia de todos los residentes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias que reúnan los requisitos para ello.
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En aquellos casos en que el transcurso del tiempo impida revisar de oficio la liquidación para proceder a la devolución de los ingresos indebidos, conforme establece el artículo 1, la aplicación del régimen económico más beneficioso consistirá en el abono de la diferencia entre el importe satisfecho por la ocupación de la plaza pública residencial y el coste total de la estancia que resulte tras aplicar, al período en que la situación de dependencia fue efectiva, el régimen de participación económica en el coste del servicio previsto en la normativa en materia de dependencia, de acuerdo con la siguiente fórmula:
I = ISO-((PPb x PNd) + (Cp x PED))
Donde:
I = Importe a abonar
ISO = Importe satisfecho por la ocupación de la plaza pública residencial
PPb = Precio público del servicio de atención residencial
PNd = Período de estancia como no dependiente
Cp = Participación económica en el coste del servicio de atención residencial conforme a la normativa en materia de dependencia (copago)
PED = Período de efectividad de la situación de dependencia
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Las personas dependientes afectadas, o sus herederos, deberán presentar su solicitud en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley y conforme al modelo normalizado que se establezca, al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, como órgano competente para resolver.
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El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias resolverá en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio negativo, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.
Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo establecido en esta Ley.
Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.
